Los sindicatos recuerdan que tienen auditorías externas cada tres años que demuestran "que no hay ningún tipo de irregularidad"
La jueza Mercedes Alaya, ayer, nada más llegar a los juzgados de Sevilla
Los sindicatos UGT y CCOO han asegurado este sábado que nunca han cobrado comisiones de aseguradoras por los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, quien ha detectado pagos de unos 4,3 millones de euros por parte de Vitalia.
El secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, ha mostrado su "sorpresa" por esta información y ha afirmado que en el sindicato, la dirección andaluza y la dirección confederal "nunca ha habido un ingreso de forma irregular" y que nunca se reunieron "con ninguna aseguradora" ni conocen a las personas que están imputadas. Además, ha hecho hincapié en que "nunca en las cuentas de CCOO-A ha habido un ingreso de un ERE como consecuencia de las comisiones de las aseguradoras", y ha recordado que sus cuentas están a disposición de la juez y que tienen periódicamente auditorías externas.
Carbonero ha señalado que se encuentran en una situación de "indefensión absoluta" porque al no tener acceso al auto no saben de qué se trata y si lo que se dice "es ilegal o irregular" y si se trata de alguien que lo haya hecho en nombre del sindicato. Asimismo, ha criticado que se generalice "sin concretar", por el "daño" que supone a la imagen del sindicato, pero ha dicho que no van a dejar de actuar en defensa de los trabajadores cuando se presenten ERE, "porque a ver si ahora la actuación del sindicato en un ERE va a ser un acto delictivo. Otra cosa es que haya alguien que ha podido cometer alguna irregularidad". Por todo ello, el representante de CCOO ha abogado por que "se resuelva de inmediato y se diga quién y cómo" ha sido, porque pretenden saber "si alguien ha cometido algún error para tomar actuaciones también en lo interno".
"Ni directa ni indirectamente"
Por su parte, la portavoz de UGT-A, Pilar Marín, ha asegurado "con total contundencia" que el sindicato y la dirección regional "no tienen absolutamente nada que ver con los ERE" fraudulentos y que no han participado "ni directa ni indirectamente con su tramitación" ni han tenido alguna relación con las aseguradoras implicadas. Marín ha querido dejar claro que su sindicato desconoce totalmente la relación que la juez Alaya hace entre las aseguradoras y los sindicatos, por lo que está a la espera de recibir el auto que detalle "cuáles son los indicios" para decir que UGT y CCOO están implicados.
La sindicalista ha informado de que UGT ha puesto a disposición de la Justicia cualquier información que avale que no tienen "nada que ver" con los ERE, así como las cuentas de UGT-A, aunque ha recordado que tienen auditorías externas cada tres años que demuestran "que no hay ningún tipo de irregularidad". Ha recordado, además, que el sindicato está personado en el caso y que son "los primeros" en pedir que se depuren responsabilidades, y ha lamentado que las actuaciones presuntamente irregulares "se manche la honorabilidad del sindicato y de tantos trabajadores sindicalistas".
Respecto al mediador Juan Lanzas, quien ha ingresado en prisión, Marín ha reiterado que no tiene nada que ver con el sindicato porque es ajeno "totalmente" desde 2002 y ahora no es ni afiliado de base, y que "asumió responsabilidades en su día, pero los hechos de los que acusan no acompañan en el tiempo".
Denuncian "el manto de la sospecha"
Por su parte, la comisión ejecutiva confederal de CCOO ha emitido hoy un comunicado en el que señala que es "inadmisible" que una "actuación legal en defensa de los trabajadores" se quiera presentar como parte de "la trama de los ERE" y ha denunciado "el manto de sospecha" por el que se quiere "implicar" al movimiento sindical. Ha indicado que creen "intolerable" que se pueda sugerir que el sindicato haya aprovechado la situación de crisis para participar en una operación de ERE y "aprovecharse de la situación y hacerse con ingresos procedentes de los mismos".
En ese sentido, ha defendido su presencia en los procesos de negociación de cualquier ERE y su asesoramiento sindical, económico y jurídico, "obteniendo a cambio los recursos que establece la actual legislación" pero "jamás participando de operaciones irregulares como las que se denuncian".
